La crispación ha seguido siendo el sentimiento dominante en la política española que, todo parece indicar, se encamina hacia un nuevo año, el tercero, con los presupuestos prorrogados.
Hace ya muchos años que la ruptura del bipartidismo hace casi imposible la obtención de mayorías absolutas. Y cada uno de los dos grandes partidos parece no aceptar las únicas alianzas posibles del otro: el PSOE no acepta que el PP pacte con Vox, casi su única posibilidad, igual que el PP rechaza que el PSOE pacte con los partidos nacionalistas periféricos. Pero no existen otras posibilidades: los partidos nacionalistas no podrían estar en una coalición en la que estuviera también un partido, Vox, que los quiere ilegalizar.
El partido socialista, muy afectado por los casos de corrupción en el entorno de Ábalos y, en la última parte del año por las acusaciones de acoso sexual a algunos de sus dirigentes, se mantiene en el poder porque el PP de un Feijóo que no ha respondido a las expectativas iniciales, no es capaz de armar la mayoría alternativa para presentar una moción de censura. Todo eso a pesar de que el PSOE, tras el cambio de postura de Junts, tampoco cuenta con mayoría.
La situación es muy inestable, sin presupuestos y en minoría, el PSOE lo tendría difícil para continuar, pero como las encuestas parecen detectar un viento favorable a las opciones de derechas para el caso de que hubiera elecciones el aliciente del Presidente para convocarlas es muy débil.
Se verá también en las elecciones autonómicas que se convocarán en los próximos meses.
Todo el año se ha visto muy marcado por un caso judicial difícil de entender para el gran público: el Fiscal General del Estado ha sido condenado, en un juicio rápido, por revelación de secretos al desmentir un bulo, reconocido en el juicio por quien lo lanzó, mientras el juicio por defraudación al que se refería el bulo se atrasa una y otra vez.
Con todo eso se acentúan las dudas sobre la separación de poderes y la independencia de la justicia: un fiscal nombrado por el Gobierno es destituido por una sentencia en la que los jueces se dividen en función de sus opciones políticas: los conservadores condenan, las progresistas emiten un voto particular.
Otro asunto que también ha provocado enfrentamientos es el de las consecuencias de la DANA que afectó a una gran parte de Valencia el 29 de octubre de 2024. Tras más de un año de contradicciones y cambios de declaraciones, el Presidente Mazón se vio obligado a dimitir y fue sustituido por su segundo.
(*): Esta entrada es la tercera parte del artículo resumen anual que se ha publicado en el número de enero de la revista IPMark. Lo escribí entre el 10 y el 20 de diciembre. La actualidad, como siempre, ha desbordado todo lo escrito.